La Comunidad andaluza ha puesto en marcha un proyecto pionero en España de siembra experimental de algodón ecológico, con el que se pretende aumentar la calidad del producto y diversificar los mercados. El proyecto está liderado por la Consejería de Agricultura y Pesca, con la colaboración del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Agricultura Ecológica (IFAPA) y de la organización agraria COAG.

El proyecto

Respaldado por el Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Santa Fe (Granada), la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba, tiene como finalidad convertir el algodón ecológico en una alternativa a los sistemas tradicionales de producción ante el nuevo régimen comunitario de ayudas del cultivo. Para evaluar las ventajas económicas y medioambientales de esta siembra experimental, se realizarán ensayos en fincas públicas y privadas.

En concreto, este primer ensayo se llevará a cabo en seis fincas aportadas por COAG (El Villar en Córdoba, Las Marismas-Sevilla y Jerez-Cádiz), el IFAPA (Los Palacios y Las Torres-Tomejil) y la Consejería de Agricultura (La Cabaña, Sevilla).

Durante el acto de presentación de esta iniciativa, el director de Agricultura Ecológica, Manuel González de Molina, ha resaltado las ventajas del algodón ecológico ya que en la Unión Europea hay déficit. Además, ayudaría al sector a mejorar la “complicada situación” en que se encuentra desde que la Comisión europea revisó el régimen de ayudas.

Cabe destacar que las actuales líneas de ayudas agroambientales establecen medidas de apoyo a la agricultura ecológica. Asimismo, recientemente se ha aprobado una ayuda agroambiental al algodón de 350 euros por hectárea destinada a la mejora de las condiciones medioambientales mediante la introducción de sistemas de producción integrada. Esta ayuda, demandada en su día por la Consejería de Agricultura, el sector y las organizaciones agrarias, está condicionada al cumplimiento de una serie de compromisos durante 5 años, como el Código de Buenas Prácticas Agrarias.