Aprovechando la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal (WWF/Adena, SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) denuncian las nefastas consecuencias ambientales y sociales del urbanismo sin control en España y solicitan a todos los Presidentes de Comunidades Autónomas y al Gobierno que impidan la especulación urbanística.

Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384 hectáreas, lo que supone el 25 por ciento del territorio. En este mismo periodo se perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal. En 2005 se batieron todos los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios y el motor económico del país. Sólo en 2005 la construcción explicó en España el 40 por ciento del aumento del empleo total de la economía y el 33 por ciento del crecimiento del PIB.

A pesar de estas cifras, España figura en el grupo de países de la OCDE que ha registrado crecimientos más acusados del precio de la vivienda. De hecho, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales. En 2005 la relación entre el crédito a las familias y la renta disponible familiar ascendió al 115 por ciento. Es decir, los elevados niveles de construcción no están produciendo descensos en los precios de las viviendas, sin embargo, sí están creando importantes problemas ambientales.

La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a todo el Estado. Las costas del norte se resienten, la edificabilidad de los 1.700 kilómetros de franja marítima en Galicia aumentará un 75 por ciento con los nuevos planes urbanísticos que programan 600.000 pisos.

El interior del país tampoco se queda atrás. De hecho, el crecimiento urbanístico en regiones como Madrid superó la media nacional en la década 1990-2000 urbanizando el 50 por ciento de su territorio. Más de un centenar de los 179 municipios de la región prepara en estos momentos sus Planes Generales de Ordenación Urbana, lo que supondrá la inminente salida al mercado de suelo para la construcción de, al menos, 260.000 viviendas.

La marea urbanizadora arrasa con todo. La figura de espacio natural protegido ya no es garantía de supervivencia, los gobiernos autónomos modifican los límites, revisan la normativa, autorizando viviendas, grandes infraestructuras, estaciones de esquí, puertos deportivos, etc. Pero las repercusiones no son sólo ambientales, ya que el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico también se resiente. El paisaje de huertas tradicionales en el Levante y Murcia desaparece. Los conjuntos monumentales, a pesar de estar declarados Patrimonio de la Humanidad, están amenazados. así, en la ciudad de Toledo se prevé la construcción de la tradicional vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), las viviendas se comen la ladera del monte Abantos y arrebatan las vistas del monumental Monasterio.

Asociado a esta vorágine constructiva surgen los problemas de corrupción en la mayoría de las administraciones. En este contexto las irregularidades urbanísticas son constantes. Los derechos de los ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información urbanística y son numerosos los casos de prevaricación y delito urbanístico cometidos por responsables municipales. A pesar de las denuncias, la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de conocimiento urbanístico por parte de muchos jueces contribuye a fomentar esta situación.

Fuente: Ecologistas en Acción